LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL
INTRODUCCIÓN
Los principios jurídicos son pautas sobre las cuales el
legislador y los operadores del Derecho buscan aplicar las normas y establecer
las reglas señaladas para las distintas situaciones en las cuales el Derecho
intervenga[1]. Si un principio es aplicable a todas las
ramas del Derecho, estamos frente a un Principio General del Derecho; mientras
si es aplicable únicamente en cierta rama del Derecho, estamos frente a un
principio específico de dicha rama. Por eso hablamos de principios del derecho
penal, laboral, administrativo, tributario, etc.
En ese sentido, los principios penales son aquellos que se
aplican en el ámbito del derecho penal, y son los principios que sirven de
garantía para la persona humana, toda vez que en ella están consagrados los
valores y límites del poder punitivo del Estado. Estos principios son
utilizados por losjueces, los legisladores,
los creadores de doctrina y por los juristas en
general, sea para integrar lagunas legales o para interpretar normas jurídicas
cuya aplicación resulta dudosa.
Por ello, es muy importante conocer a cerca de los
principios fundamentales que sustenta el derecho penal, y específicamente los
principios que nuestro derecho penal ha consagrado a través del Título
Preliminar del Código Penal, porque de esa manera conoceremos el sustento de
nuestros derechos y como también los límites del Estado en el ejercicio de sus
potestades punitivas. Es ahí donde radica el valor de este trabajo.
1.- CONCEPTO DE PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL
Los principios fundamentales del Derecho penal son pautas
generales sobre los cuales descansan las diversas instituciones del Derecho
Penal Positivo. A nivel doctrinal se considera que constituyen guía para la
interpretación del conjunto de normas que integran el ordenamiento
jurídico-penal. Estos principios deben ser utilizados por las personas que
quieran aplicar sistemáticamente la legislación penal.
Los principios generales del Derecho son los enunciados
normativos más generales que, sin perjuicio de no haber sido integrados al ordenamiento jurídico en virtud de
procedimientos formales, se entienden forman parte de él, porque le sirven de
fundamento a otros enunciados normativos particulares o recogen de manera
abstracta el contenido de un grupo de ellos.
2.- LOS PRINCIPIOS A NIVEL DE NUESTRO DERECHO
PENAL
En nuestra legislación los principios del derecho penal se
encuentran ubicados en el Título Preliminar del Código Penal, y todos ellos
tienen sustento constitucional. Entre ellos tenemos:
2.1.- PRINCIPIO DE LEGALIDAD
Es el principio más importante y tiene su base en el axioma
acuñado por el jurista alemán Feuerbach “Nullum crimen, nullu poena, sine
lege”, que quiere decir: No hay delito ni pena sin ley, que solo se
considera delito al hecho y solo se puede aplicar una sanción penal respecto a
ese hecho si este está establecido previamente en la ley.
El principio de legalidad encuentra su respaldo
constitucional en el artículo 2° inciso 24, literal d) de la Constitución
Política que dice “nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo
de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e
inequívoca, como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la
ley”.
A nivel legal encontramos en el Artículo II del Título
Preliminar del Código Penal que dice: “nadie será sancionado por un acto no
previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su comisión, ni
sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentren establecidas en
ella”.
2.2.- PRINCIPIO DE LA PROHIBICIÓN DE LA ANALOGÍA
Como manifiesta Villavicencio “la analogía puede ser
entendida como el proceso por el cual son resueltos los casos no previstos por
la ley, extendiéndoles a ellos las disposiciones previstas para casos
semejantes (analogía leges) o están deducidos de los principios generales del
derecho (analogías juris)”.
En nuestra legislación penal se prohíbe la aplicación de la
ley por analogía, es decir, no se podrá aplicar a un caso que no está previsto
en la ley una norma que no le corresponde. Ello se encuentra previsto en el
artículo III del Título Preliminar del Código Penal y halla su sustento
constitucional en el artículo 139º, inc. 9 de la Constitución Política del
Perú.
En la doctrina suele diferenciarse entre analogía in bonam
partem y analogía in malam partem. La primera señala que está
permitido el razonamiento por analogía y que el juez puede acudir a normas
semejantes para resolver el caso que está investigando. Asimismo el empleo de
este mecanismo de razonamiento analógico debe realizarse siempre y
estrictamente cuando sea a favor del reo o procesado.
Mientras que la analogía in malam partem señala
todo lo contrario, es decir, que está totalmente prohibido el razonamiento
analógico, siempre y cuando lo único que se logre conseguir es perjudicar al
procesado o al reo.
2.3.- PRINCIPIO DE LESIVIDAD
Este principio prevé que la pena, necesariamente,
precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por la
ley.
Encuentra su sustento jurídico en el artículo VI del título
Preliminar del Código Penal y su sustento constitucional en el artículo 2°
inciso 24, literales b y d.
Como manifiesta Bustos Ramírez, es un principio básico
garantista del Derecho Penal Democrático, que garantiza que “sólo se persiguen
hechos que afecten a un bien jurídico, ya que es el principio básico que desde
los objetivos del sistema determina qué es un injusto o un delito”.
Asimismo, como manifiesta Fernando Velázquez, el principio
de lesividad, también denominado del bien jurídico, o la objetividad jurídica
del delito, se puede sintetizar en el tradicional aforismo liberal “no hay
delito sin daño”, que hoy equivale a decir que no hay hecho punible sin bien
jurídico vulnerado o puesto en peligro.
Definimos el bien jurídico como aquellos intereses sociales
que por su notable importancia para el desarrollo personal y para el
desenvolvimiento de la sociedad en general son merecedores de resguardo y
protección a través de las normas jurídicas que componen el Derecho penal. Por
ejemplo: la vida, la libertad, entre otros
A través de este principio controlamos la función de la
creación de nuevos delitos, obligando al legislador a definir el bien jurídico
que se quiere proteger a través de la ley penal. Partiendo de esto, su
importancia radica en que la protección del bien jurídico es la razón que
legitima la intervención penal.
Por otra parte, no se podrá decir que un acto es ilícito si
no se encuentra fundamentado en la lesión de un bien jurídico. Entonces, se
entiende por lesión al bien jurídico, a toda aquella acción que el agente
cometa para causar un determinado daño a un bien que está protegido por el
ordenamiento jurídico.
En ese sentido a nivel de nuestra legislación no hay delito
sin que exista una afectación o daño a un determinado bien jurídico, es decir,
no hay hecho punible si es que un bien jurídico no ha sido vulnerado o puesto
en peligro.
2.4.- PRINCIPIO DEL JUEZ NATURAL Y DEBIDO PROCESO
Sólo el Juez competente puede imponer penas o medidas de
seguridad; y no puede hacerlo sino en la forma establecida en la ley.
Esto es un principio de corte procesal y es una consecuencia
directa del principio de legalidad, pues únicamente el Juez competente es la
que puede imponer una pena o medida de seguridad, previo un proceso penal
imparcial y cumpliendo con todos requisitos previstos en la Ley.
Se sustenta en el artículo V del Título Preliminar del
Código penal y también encuentra su sustento constitucional en los artículos
139º incisos 1, 2 y 3; así como en los artículos 140º y 173 ° de nuestra
Constitución política.
Este principio constituye una garantía de la persona a ser
juzgado por un Juez competente y respetando el debido proceso.
